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“UN
BULLADO JUICIO DE IMPRENTA”
El 9 de abril de 1849 era Obispo de
la Diócesis de Guayaquil Francisco Xavier de
Garaycoa, cuando aparecieron unas hojitas volantes
en su contra firmadas por José G. Romero.
El Obispo había sido atacado, ¿qué
decían las hojitas famosas?. Que Garaycoa había
sido del partido "Colombiano" y en junta
con sus hermanos había entregado la ciudad
al Libertador Bolívar, quien recibía
el poco generoso apelativo de "Parricida".
También se le acusaba de haber utilizado influencias
para obtener el cargo que desempeñaba ignorando
al Dr. Delgado, que según opinión del
autor, era el llamado a ocupar la primera dignidad
eclesiástica de la ciudad. Además se
acusaba a Garaycoa de haber sido cómplice en
el fusilamiento de un hombre, padre de siete hijos.
Es de imaginar el revuelo del vecindario; todos conocían
la conducta intachable del Obispo.
Luego del 9 de Octubre de 1820 se formaron en la ciudad
tres bandos: Los primeros querían la independencia
total de la ciudad; los segundos deseaban anexarla
al Perú y los terceros a toda costa llamaban
al Libertador Bolívar para unirse a Colombia.
A este último partido perteneció la
familia Garaycoa.
Era común en la época colonial que el
Arzobispo de Lima designara a las personas que debían
ocupar las dignidades eclesiásticas de la ciudad.
Con la llegada de la Independencia terminó
esa costumbre.
Sucedió en 1820, o sea, cuando éramos
independendientes. que se presentó ante el
Cabildo de Guayaquil el Dr. Sebastián Delgado,
quien venía de Lima y traía las letras
patentes que lo acreditaban como Cura de la Iglesia
Matriz de la ciudad.
El Cabildo decidió no aceptar dichas letras
pues consideraba que con la transformación
de octubre el Arzobispo de Lima había perdido
jurisdicción en el puerto, nombrando a Pedro
Benavente que según opinión del Cabildo,
era "Aclamado por el pueblo, que se hallaba penetrado
de su amor y conocimientos científicos".
Posteriormente en 1838,cuando se creó la diócesis
de Guayaquil, le correspondió ocuparla a Garaycoa
por ser Cura de la Iglesia Matriz.
Y en 1849, época en que se desarrolla nuestro
relato, hacía 28 años que los guayaquileños
conocían la imprenta, siendo de presumir que
algunos juicios de imprenta se habrían instaurado
en dicho lapso y era Promotor Fiscal de la Diócesis
el adusto y siempre serio Dr. Fernando Racines y Fernández
de Rivera, que había tenido que abandonar Buga
en el Valle del Cauca, por sus actuaciones políticas,
viniendo a Guayaquil, donde pronto empezó a
prestar sus servicios en diversos empleos de carácter
eclesiástico.
Con la lectura del pasquín concibió
la idea de tomar represalias contra el autor, llamó
al Dr. Francisco Xavier de Aguirre Abad y entre los
dos hicieron una acusación contra Romero; al
día siguiente de la aparición de las
hojas ya estaba la acusación particular en
manos de Manuel Tama, Alcalde Segundo Municipal del
Cantón.
Ni corto ni perezoso Tama proveyó horas después
ordenando notificar al Dr. Racines. Al propio tiempo
efectuó el sorteo de la causa conforme lo dispone
la Ley de Imprenta.
Romero era un agricultor. Parece que también
tenía algunas nociones de gramática
y aritmética y pasaba por persona entendida
en el manejo de las leyes. (Cosa nada común
para la época). Era en otras palabras, un hombre
habilidoso, inteligente, despierto, muy joven y por
eso irreflexivo.
Años antes había adquirido una pequeña
porción de tierra en la jurisdicción
de Yaguachi, sitio que pertenecía casi en su
totalidad a la familia Garaycoa y surgieron las desavenencias.
¿Quién no se ha disgustado alguna vez
con su vecino?. Y se originó una enemistad
personal entre Romero y los Garaycoa.
Así las cosas, salieron sorteados para formar
el Jurado de Imprenta los siguientes vecinos de la
ciudad: Pedro Carbo, Filomeno Alvarez, el Comandante
Pedro Pablo Echeverría, Miguel Andrade y Fuente
Fría, el Dr. José Mascote, el Comandante
José María Noboa y Miguel de Anzoátegui.
Se les comunicó a todos que debían conformar
el Jurado de Imprenta que decidiría si se castigaba
o no a Romero.
Los miembros aceptaron y se posesionaron del cargo,
con las excepciones de Miguel de Anzoátegui,
quien adujo encontrarse enfermo en cama sufriendo
de tercianas muchos días. También se
excusó el Comandante Echeverría por
encontrarse esa semana de guardia en el Cuartel donde
prestaba sus servicios. Acto seguido Tama nombró
a Ignacio Rodríguez Mata y al Dr. Francisco
Xavier Aguirre Abad.
Se les volvió a comunicar y el Dr. Aguirre
Abad contesto: Que habiendo ayudado a conformar la
acusación particular presentada por el Dr.
Rocines le parecía indebido ser juez y parte
al mismo tiempo".
Esta vez y en vista de las reiteradas excusas, fueron
nombrados el Comandante José Ampuero y el Dr.
Pablo Merino, quienes aceptaron, quedando conformado
el Tribunal de Imprenta.
En la tarde del 9 de abril fue calificada la idoneidad
de los miembros del Tribunal, sujetándose en
todo al artículo 31 de la Ley respectiva.
Garaycoa no estaba de acuerdo con la actitud asumida
por el Dr. Racines. No deseaba que se acusara a Romero
y como sacerdote aceptaba las contrariedades de la
vida con paciencia y resignación.
Con fecha 10 de abril Romero presentó un escrito
aduciendo que, aunque era el autor de las hojillas
el Dr. Racines no tenía derecho a acusarlo,
pues según la ley, sólo podían
presentar acusaciones particulares en los juicios
de imprenta el agraviado, sus parientes o cualquier
persona que exhibiera un "Poder especial"
dado solamente por el propio agraviado. Y como Racines
no estaba comprendido en ninguna de las tres causales
la acusación presentada carecía de valor.
Tama notificó el escrito y lo elevó
a consulta ante el Asesor Legal Dr. Ignacio Noboa.
Dicho magistrado en horas de la tarde expreso: "que
se encontraba impedido para conocer la causa que estaba
ventilando; pues, con anterioridad, había manifestado
su opinión personal sobre el contenido del
impreso".
El pobre Tama ya estaba cansado con el caso, todo
era contrariedad, los jurados se excusaban por enfermedad,
los jueces por no ser parciales y el único
que se llevaba los trabajos era él, pero ante
la negativa del Dr. Noboa designó al Dr. José
I. Gómez, famoso por sus fallos justos y siempre
ceñidos a la ley, quien después de estudiar
dos días la causa dictaminó: "Que
el Dr. Rocines no gozaba de personería para
intervenir en la querella".
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