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“UN BULLADO JUICIO DE IMPRENTA”
El 9 de abril de 1849 era Obispo de la Diócesis de Guayaquil Francisco Xavier de Garaycoa, cuando aparecieron unas hojitas volantes en su contra firmadas por José G. Romero.

El Obispo había sido atacado, ¿qué decían las hojitas famosas?. Que Garaycoa había sido del partido "Colombiano" y en junta con sus hermanos había entregado la ciudad al Libertador Bolívar, quien recibía el poco generoso apelativo de "Parricida". También se le acusaba de haber utilizado influencias para obtener el cargo que desempeñaba ignorando al Dr. Delgado, que según opinión del autor, era el llamado a ocupar la primera dignidad eclesiástica de la ciudad. Además se acusaba a Garaycoa de haber sido cómplice en el fusilamiento de un hombre, padre de siete hijos.

Es de imaginar el revuelo del vecindario; todos conocían la conducta intachable del Obispo.

Luego del 9 de Octubre de 1820 se formaron en la ciudad tres bandos: Los primeros querían la independencia total de la ciudad; los segundos deseaban anexarla al Perú y los terceros a toda costa llamaban al Libertador Bolívar para unirse a Colombia. A este último partido perteneció la familia Garaycoa.

Era común en la época colonial que el Arzobispo de Lima designara a las personas que debían ocupar las dignidades eclesiásticas de la ciudad. Con la llegada de la Independencia terminó esa costumbre.

Sucedió en 1820, o sea, cuando éramos independendientes. que se presentó ante el Cabildo de Guayaquil el Dr. Sebastián Delgado, quien venía de Lima y traía las letras patentes que lo acreditaban como Cura de la Iglesia Matriz de la ciudad.

El Cabildo decidió no aceptar dichas letras pues consideraba que con la transformación de octubre el Arzobispo de Lima había perdido jurisdicción en el puerto, nombrando a Pedro Benavente que según opinión del Cabildo, era "Aclamado por el pueblo, que se hallaba penetrado de su amor y conocimientos científicos". Posteriormente en 1838,cuando se creó la diócesis de Guayaquil, le correspondió ocuparla a Garaycoa por ser Cura de la Iglesia Matriz.

Y en 1849, época en que se desarrolla nuestro relato, hacía 28 años que los guayaquileños conocían la imprenta, siendo de presumir que algunos juicios de imprenta se habrían instaurado en dicho lapso y era Promotor Fiscal de la Diócesis el adusto y siempre serio Dr. Fernando Racines y Fernández de Rivera, que había tenido que abandonar Buga en el Valle del Cauca, por sus actuaciones políticas, viniendo a Guayaquil, donde pronto empezó a prestar sus servicios en diversos empleos de carácter eclesiástico.

Con la lectura del pasquín concibió la idea de tomar represalias contra el autor, llamó al Dr. Francisco Xavier de Aguirre Abad y entre los dos hicieron una acusación contra Romero; al día siguiente de la aparición de las hojas ya estaba la acusación particular en manos de Manuel Tama, Alcalde Segundo Municipal del Cantón.

Ni corto ni perezoso Tama proveyó horas después ordenando notificar al Dr. Racines. Al propio tiempo efectuó el sorteo de la causa conforme lo dispone la Ley de Imprenta.

Romero era un agricultor. Parece que también tenía algunas nociones de gramática y aritmética y pasaba por persona entendida en el manejo de las leyes. (Cosa nada común para la época). Era en otras palabras, un hombre habilidoso, inteligente, despierto, muy joven y por eso irreflexivo.

Años antes había adquirido una pequeña porción de tierra en la jurisdicción de Yaguachi, sitio que pertenecía casi en su totalidad a la familia Garaycoa y surgieron las desavenencias. ¿Quién no se ha disgustado alguna vez con su vecino?. Y se originó una enemistad personal entre Romero y los Garaycoa.

Así las cosas, salieron sorteados para formar el Jurado de Imprenta los siguientes vecinos de la ciudad: Pedro Carbo, Filomeno Alvarez, el Comandante Pedro Pablo Echeverría, Miguel Andrade y Fuente Fría, el Dr. José Mascote, el Comandante José María Noboa y Miguel de Anzoátegui. Se les comunicó a todos que debían conformar el Jurado de Imprenta que decidiría si se castigaba o no a Romero.

Los miembros aceptaron y se posesionaron del cargo, con las excepciones de Miguel de Anzoátegui, quien adujo encontrarse enfermo en cama sufriendo de tercianas muchos días. También se excusó el Comandante Echeverría por encontrarse esa semana de guardia en el Cuartel donde prestaba sus servicios. Acto seguido Tama nombró a Ignacio Rodríguez Mata y al Dr. Francisco Xavier Aguirre Abad.

Se les volvió a comunicar y el Dr. Aguirre Abad contesto: Que habiendo ayudado a conformar la acusación particular presentada por el Dr. Rocines le parecía indebido ser juez y parte al mismo tiempo".

Esta vez y en vista de las reiteradas excusas, fueron nombrados el Comandante José Ampuero y el Dr. Pablo Merino, quienes aceptaron, quedando conformado el Tribunal de Imprenta.

En la tarde del 9 de abril fue calificada la idoneidad de los miembros del Tribunal, sujetándose en todo al artículo 31 de la Ley respectiva.

Garaycoa no estaba de acuerdo con la actitud asumida por el Dr. Racines. No deseaba que se acusara a Romero y como sacerdote aceptaba las contrariedades de la vida con paciencia y resignación.

Con fecha 10 de abril Romero presentó un escrito aduciendo que, aunque era el autor de las hojillas el Dr. Racines no tenía derecho a acusarlo, pues según la ley, sólo podían presentar acusaciones particulares en los juicios de imprenta el agraviado, sus parientes o cualquier persona que exhibiera un "Poder especial" dado solamente por el propio agraviado. Y como Racines no estaba comprendido en ninguna de las tres causales la acusación presentada carecía de valor. Tama notificó el escrito y lo elevó a consulta ante el Asesor Legal Dr. Ignacio Noboa.

Dicho magistrado en horas de la tarde expreso: "que se encontraba impedido para conocer la causa que estaba ventilando; pues, con anterioridad, había manifestado su opinión personal sobre el contenido del impreso".

El pobre Tama ya estaba cansado con el caso, todo era contrariedad, los jurados se excusaban por enfermedad, los jueces por no ser parciales y el único que se llevaba los trabajos era él, pero ante la negativa del Dr. Noboa designó al Dr. José I. Gómez, famoso por sus fallos justos y siempre ceñidos a la ley, quien después de estudiar dos días la causa dictaminó: "Que el Dr. Rocines no gozaba de personería para intervenir en la querella".

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