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EL TRIBUNAL
DEL CONSULADO
Durante la colonia era costumbre que para la exportación
de cacao desde el puerto de Guayaquil a Acapulco en
México, primero debían los comerciantes
enfilar sus naves portadoras de la pepa de oro hacia
el Callao, donde se tasaban las cargas y se pagaban
los almojarifazgos o impuesto a las exportaciones,
que era muy crecido e injusto, pues no revertía
en favor del país y solo servía para
enriquecer a unos cuantos españoles explotadores
radicados en Lima, que estafaban a esta provincia
merced a los privilegios recibidos de la corte.
Estos monopolistas compartían sus jugosos ingresos
con el Virrey de turno y con una que otra autoridad
menor pero necesaria para el normal desenvolvimiento
del Tribunal del Consulado, institución encargada
de recaudar los impuestos al comercio y la exportación:
pero aún así, el reparto era cuantioso
entre el Prior y los Cónsules, como pomposamente
se titulaban los funcionarios de este organismo colegiado,
cuyo orígen arrancaba de la noche del medioevo
en Europa, cuando los gremios aplicaban sus leyes
de comercio entre los miembros a través de
Tribunales especiales aprobados y reconocidos por
los reyes mediante estatutos o fueros.
En Barcelona y Valencia existieron gremios de fabricantes
de paños que recibieron de Pedro IV de Aragón
el derecho a administrarse justicia, obteniendo un
auge económico por el Comercio existente entre
las provincias aragonesas del mediterráneo,
que incluían tierras tan distantes como Napóles,
Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares,
Cataluña, Aragón, Valencia y el Rosellón.
Esta situación duró algunos siglos hasta
que el emperador Carlos V fusionó las coronas
de Castilla y Aragón abrogándose los
fueros y privilegios concedidos por sus antepasados.
Un solo gremio sobrevivió a esta nueva situación
y fue el de actividades navieras de Bilbao, que por
dicha condición pasó a ser directivo
en toda España, manteniendo Tribunales del
Consulado donde se dirimían contiendas marítimas,
mercantiles y asuntos de pesos.
Para formar parte del Tribunal del Consulado se requería
tener la calidad de comerciante, mercader o factor.
Eran comerciantes los que sentaban plaza de comercio
abierto al público. Mercaderes lo que traían
o llevaban productos por mar o tierra para su venta
al por mayor o menor y Factores los socios o compañeros
de un Mercader o Comerciante y quienes ejercían
actos de comercio o mercadeo como Apoderados o Representantes
de terceras personas.
El Tribunal del Consulado era un organismo colegiado
formado por el Jefe o Prior que lo presidía,
un Primer Cónsul o Tesorero y un Segundo Cónsul
o Contador. También actuaban dos Cónsules
comisionados siendo el primero el Síndico o
Fiscal en toda "Quimera" o contienda, discusión
o pleito y el Segundo el Abogado Asesor que indicaba
el procedimiento. También componían
el Tribunal dos "Colegas" sacados de entre
los comerciantes, mercaderes y factores de la plaza
por su capacidad, fama y buena conducta; no eran miembros
natos del organismo y en cada ocasión variaban
pues siempre eran provisionales.
Uno era designado por el actor y otro por el demandado.
El Tribunal del Consulado funcionó en Guayaquil
desde el 14 de Junio de 1795 como simple delegación
de la matriz que estaba en Cartagena de Indias. El
Tribunal podía delegar funciones como sucedió
en Guayaquil, mediante Representantes o Diputados
con facultades para dirimir contiendas entre comerciantes,
mercaderías y factores.
Martín de Icaza Caparoso fue designado Diputado
para Guayaquil el 14 de diciembre de 1795. Le sucedió
Juan Millán en 1799, pero Icaza regresó
en 1803 desempeñándose desde entonces.
La tercera parte de las rentas de la Delegación
fue puesta a disposición del Cabildo para que
iniciara la construcción del malecón.
Hacia 1806,debido a la vecindad de Guayaquil y Lima,
nuestra Delegación pasó a depender del
Tribunal de la capital peruana y todo volvió
a ser como antes de 1795. Por ello, cuando estalló
la revolución del 10 de Agosto de 1809 en Quito,
los más asustados fueron los miembros del Tribunal
del Consulado de Lima, que veían peligrar sus
pingües rentas con este movimiento político.
De allí es que para 1812 sacaron de sus repletas
arcas la enorme suma de cien mil pesos de a ocho reales,
que obsequiaron al Virrey Abascal para financiar la
campaña militar del General Toribio Montes,
quien llegó a Guayaquil el 21 de junio y se
reunió con el Gobernador de Cuenca Melchor
Aymcrich, planificando la marcha sobre Quito.
Con Montes arribó a Guayaquil el Coronel Juan
Sámano, cuyo nombre ha sido recogido por la
historia Sudamericana como sinónimo de ferocidad
en la guerra.
Pocos días después Montes, Sámano
y los suyos salieron del puerto y escalaron la cordillera,
derrotando a las fuerzas del Coronel Feliciano Checa
y Barba en la población de Mocha cerca del
Chimborazo; también doblegaron en Mochapata
a los hombres del Capitán Carlos Larrea; en
Punta de Piedra a los de los oficiales Manuel Lama,
Tomás Sevilla y Salvador Bahamonde y entonces
les quedó expedito el camino a Ambato.
En Mocha se dio él caso que un octogenario
caballero de Ambato llamado Joaquín Hervas,
salió de su casa armado de una escopeta, que
descargó a quemarropa contra los realista,
matando a dos de ellos, para luego rodar por los suelos
cosido con un centenar de balas. Así murió
este héroe ecuatoriano hoy prácticamente
olvidado!
De Mocha salió Montes Ambato, siempre hostilizado
por el Coronel Manuel Matheus y pudo avanzar gracias
a la oportuna ayuda que recibió del Corregidor
de Riobamba Martín Chiriboga, luego agraciado
con el título de Marqués del Chimborazo.
Por último tomó por la quebrada de Jalupana,
que atravesó con el grueso de sus fuerzas solamente
por la presencia de ánimo de Andrés
Fernández Salvador, fanático americano
que arengaba a la tropa en contra de sus conciudadanos,
arribando a la capital que tomó sin resistencia
y emprendiendo marchas forzadas hacia el norte, para
derrotar a los últimos patriotas en San Antonio
de Caranqui y Yaguarcocha, donde hizo fusilar a Francisco
García Calderón y a sus compañeros
Guyón y Aguilar.
Poco después las autoridades se dedicaron a
la innoble tarea de exterminar los últimos
vestigios de resistencia, fusilando a Nicolás
de la Peña Maldonado y a su consorte Rosa Zarate
y a los Coroneles Pontón y Caicedo. A Pontón
lo mataron dentro de una canoa cuando era llevado
detenido a Tumaco y a Caicedo en Pasto junto al Coronel
John Mac Kaulay.
Como corolario, a esta Campaña, el Virrey premió
a los miembros del Tribunal del Consulado de Lima
con la Gran Cruz de Isabel La Católica; pero
en 1826 el Libertador tomó desquite, suprimió
el cobro del amojarifazgo y habiendo quedado el Tribunal
del Consulado sin rentas, desapareció como
institución comercial.
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