TOMO I
 
 
 TOMO II
TOMO III
TOMO IV
     


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EL TRIBUNAL DEL CONSULADO
Durante la colonia era costumbre que para la exportación de cacao desde el puerto de Guayaquil a Acapulco en México, primero debían los comerciantes enfilar sus naves portadoras de la pepa de oro hacia el Callao, donde se tasaban las cargas y se pagaban los almojarifazgos o impuesto a las exportaciones, que era muy crecido e injusto, pues no revertía en favor del país y solo servía para enriquecer a unos cuantos españoles explotadores radicados en Lima, que estafaban a esta provincia merced a los privilegios recibidos de la corte.

Estos monopolistas compartían sus jugosos ingresos con el Virrey de turno y con una que otra autoridad menor pero necesaria para el normal desenvolvimiento del Tribunal del Consulado, institución encargada de recaudar los impuestos al comercio y la exportación: pero aún así, el reparto era cuantioso entre el Prior y los Cónsules, como pomposamente se titulaban los funcionarios de este organismo colegiado, cuyo orígen arrancaba de la noche del medioevo en Europa, cuando los gremios aplicaban sus leyes de comercio entre los miembros a través de Tribunales especiales aprobados y reconocidos por los reyes mediante estatutos o fueros.

En Barcelona y Valencia existieron gremios de fabricantes de paños que recibieron de Pedro IV de Aragón el derecho a administrarse justicia, obteniendo un auge económico por el Comercio existente entre las provincias aragonesas del mediterráneo, que incluían tierras tan distantes como Napóles, Sicilia, Cerdeña, Córcega, las Baleares, Cataluña, Aragón, Valencia y el Rosellón. Esta situación duró algunos siglos hasta que el emperador Carlos V fusionó las coronas de Castilla y Aragón abrogándose los fueros y privilegios concedidos por sus antepasados. Un solo gremio sobrevivió a esta nueva situación y fue el de actividades navieras de Bilbao, que por dicha condición pasó a ser directivo en toda España, manteniendo Tribunales del Consulado donde se dirimían contiendas marítimas, mercantiles y asuntos de pesos.

Para formar parte del Tribunal del Consulado se requería tener la calidad de comerciante, mercader o factor. Eran comerciantes los que sentaban plaza de comercio abierto al público. Mercaderes lo que traían o llevaban productos por mar o tierra para su venta al por mayor o menor y Factores los socios o compañeros de un Mercader o Comerciante y quienes ejercían actos de comercio o mercadeo como Apoderados o Representantes de terceras personas.

El Tribunal del Consulado era un organismo colegiado formado por el Jefe o Prior que lo presidía, un Primer Cónsul o Tesorero y un Segundo Cónsul o Contador. También actuaban dos Cónsules comisionados siendo el primero el Síndico o Fiscal en toda "Quimera" o contienda, discusión o pleito y el Segundo el Abogado Asesor que indicaba el procedimiento. También componían el Tribunal dos "Colegas" sacados de entre los comerciantes, mercaderes y factores de la plaza por su capacidad, fama y buena conducta; no eran miembros natos del organismo y en cada ocasión variaban pues siempre eran provisionales.

Uno era designado por el actor y otro por el demandado.

El Tribunal del Consulado funcionó en Guayaquil desde el 14 de Junio de 1795 como simple delegación de la matriz que estaba en Cartagena de Indias. El Tribunal podía delegar funciones como sucedió en Guayaquil, mediante Representantes o Diputados con facultades para dirimir contiendas entre comerciantes, mercaderías y factores.

Martín de Icaza Caparoso fue designado Diputado para Guayaquil el 14 de diciembre de 1795. Le sucedió Juan Millán en 1799, pero Icaza regresó en 1803 desempeñándose desde entonces. La tercera parte de las rentas de la Delegación fue puesta a disposición del Cabildo para que iniciara la construcción del malecón. Hacia 1806,debido a la vecindad de Guayaquil y Lima, nuestra Delegación pasó a depender del Tribunal de la capital peruana y todo volvió a ser como antes de 1795. Por ello, cuando estalló la revolución del 10 de Agosto de 1809 en Quito, los más asustados fueron los miembros del Tribunal del Consulado de Lima, que veían peligrar sus pingües rentas con este movimiento político. De allí es que para 1812 sacaron de sus repletas arcas la enorme suma de cien mil pesos de a ocho reales, que obsequiaron al Virrey Abascal para financiar la campaña militar del General Toribio Montes, quien llegó a Guayaquil el 21 de junio y se reunió con el Gobernador de Cuenca Melchor Aymcrich, planificando la marcha sobre Quito.

Con Montes arribó a Guayaquil el Coronel Juan Sámano, cuyo nombre ha sido recogido por la historia Sudamericana como sinónimo de ferocidad en la guerra.

Pocos días después Montes, Sámano y los suyos salieron del puerto y escalaron la cordillera, derrotando a las fuerzas del Coronel Feliciano Checa y Barba en la población de Mocha cerca del Chimborazo; también doblegaron en Mochapata a los hombres del Capitán Carlos Larrea; en Punta de Piedra a los de los oficiales Manuel Lama, Tomás Sevilla y Salvador Bahamonde y entonces les quedó expedito el camino a Ambato.

En Mocha se dio él caso que un octogenario caballero de Ambato llamado Joaquín Hervas, salió de su casa armado de una escopeta, que descargó a quemarropa contra los realista, matando a dos de ellos, para luego rodar por los suelos cosido con un centenar de balas. Así murió este héroe ecuatoriano hoy prácticamente olvidado!

De Mocha salió Montes Ambato, siempre hostilizado por el Coronel Manuel Matheus y pudo avanzar gracias a la oportuna ayuda que recibió del Corregidor de Riobamba Martín Chiriboga, luego agraciado con el título de Marqués del Chimborazo. Por último tomó por la quebrada de Jalupana, que atravesó con el grueso de sus fuerzas solamente por la presencia de ánimo de Andrés Fernández Salvador, fanático americano que arengaba a la tropa en contra de sus conciudadanos, arribando a la capital que tomó sin resistencia y emprendiendo marchas forzadas hacia el norte, para derrotar a los últimos patriotas en San Antonio de Caranqui y Yaguarcocha, donde hizo fusilar a Francisco García Calderón y a sus compañeros Guyón y Aguilar.

Poco después las autoridades se dedicaron a la innoble tarea de exterminar los últimos vestigios de resistencia, fusilando a Nicolás de la Peña Maldonado y a su consorte Rosa Zarate y a los Coroneles Pontón y Caicedo. A Pontón lo mataron dentro de una canoa cuando era llevado detenido a Tumaco y a Caicedo en Pasto junto al Coronel John Mac Kaulay.

Como corolario, a esta Campaña, el Virrey premió a los miembros del Tribunal del Consulado de Lima con la Gran Cruz de Isabel La Católica; pero en 1826 el Libertador tomó desquite, suprimió el cobro del amojarifazgo y habiendo quedado el Tribunal del Consulado sin rentas, desapareció como institución comercial.